A pocos días de un cambio de administración en Chile, la política comercial aparece como un elemento que añade expectación al ya inestable e inéditamente removido escenario internacional del cual, aun cuando la geografía diga lo contrario, nuestro país no está, para nada, lejano.
La reciente anulación de los aranceles IEEPA por la Corte Suprema de Estados Unidos, que fueran impuestos por el Gobierno del Presidente Trump durante la primera parte del año 2025 ha movilizado diversas reacciones en el ámbito local económico, jurídico, internacional, entre otros. Desde la vereda de la política comercial (o del comercio internacional, si se prefiere) el escenario es híbrido: jurídicamente fluido, comercialmente incierto y geopolíticamente delicado para Chile. Para los operadores de comercio exterior —y muy especialmente para exportadores chilenos de fruta fresca, salmón, vino y otros bienes agroalimentarios— el mensaje central hoy parece no ser de euforia por potenciales devoluciones, sino más bien de cautela estratégica y de preparación fina para distintos escenarios de ingreso de los productos en Estados Unidos.
Es correcto afirmar que, tras el fallo Learning Resources v. Trump, la Corte Suprema del país del norte declaró que IEEPA no puede utilizarse como base para rediseñar el arancel externo estadounidense, lo que llevó al Ejecutivo a dictar la orden “Ending Certain Tariff Actions” y a instruir a CBP a cesar la recaudación de recargos IEEPA para mercancías ingresadas desde las 00:00 del 24 de febrero de 2026. Sin embargo, de manera prácticamente simultánea, CBP comenzó a aplicar un arancel global del 10 % bajo Section 122 —con anuncio político de elevarlo al 15 %— sobre un amplio universo de importaciones, con vigencia inicial hasta julio de 2026.
Para Chile y sus exportaciones, ello implica que esta aparente victoria jurídica en cuanto a los primeros aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos no se traduce, en lo inmediato, en un alivio arancelario global, sino en un cambio de fundamento legal y de diseño técnico de las medidas. Tal como hemos podido leer en la prensa y en la opinión de expertas y expertos chilenos, se advierte que, aun si el arancel global afecta a todos por igual, sectores como fruta fresca, salmón y parte de la minería quedan expuestos a una erosión de márgenes, con riesgo de desvío de comercio y pérdida de participación en el mercado estadounidense. A lo anterior se suma, que, en lo que respecta a eventuales reembolsos de aranceles pagados el escenario es menos auspicioso: no habrá devoluciones automáticas y se enfrentan plazos estrictos pero inciertos en lo que respecta a su computación. Esto último por cuanto la implementación de la sentencia de la Corte Suprema norteamericana en materia de devoluciones sigue siendo el punto más opaco. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos ha confirmado el fin de la recaudación de aranceles IEEPA y la desactivación de los códigos HTSUS correspondientes en sus sistemas de procedimientos aduaneros, pero ha dejado expresamente pendiente la definición del mecanismo de reembolso para períodos anteriores. Al respecto, el llamado a la cautela es importante pues la experiencia reciente y la doctrina especializada coinciden en dos elementos: primero, lo ya dicho, esto es, no se anticipa un esquema automático universal de devolución de aranceles; y, lo segundo, el acceso efectivo a reembolsos dependerá, caso a caso, de haber preservado derechos mediante protestas dentro de los 180 días desde la liquidación o mediante litigios ya iniciados.
Los exportadores chilenos están en una posición jurídicamente intermedia e incierta pues muchas veces ellos soportan económicamente el arancel, pero operan a través de importers of record estadounidenses: el sujeto formal frente a la aduana norteamericana sigue siendo el importador, mientras que la titularidad económica de un eventual crédito puede residir en el exportador según la asignación contractual de costos. Sin una reforma específica o lineamientos extraordinarios, la articulación contractual (cesión de derechos, poderes, acuerdos de reembolso) será determinante para que las empresas chilenas puedan tener alguna expectativa de beneficiarse de cualquier devolución que logren sus contrapartes en EE. UU.
Durante la última semana, la discusión en Chile se ha concentrado en el riesgo que supone la eventual subida del arancel global al 15 % y en cómo ello impactaría envíos de salmón y fruta fresca, así como en la fragilidad de la arquitectura del Tratado de Libre Comercio bilateral frente a decisiones unilaterales estadounidenses. En este contexto, una alerta legal razonable y moderada para operadores chilenos deberá enfatizar distintos frentes según el sector afectado, las modalidades contractuales, la incidencia en la negociación bilateral que, eventualmente, tendrá lugar entre el gobierno de Estados Unidos y la administración entrante en Chile.
Así, ante este escenario, para el nuevo gobierno, la prioridad técnica debiera enfocarse en: (i) tener un diagnóstico granular por sector sobre la exposición a IEEPA con evaluación de una estrategia gubernamental de cara a posibles devoluciones; (ii) coordinar una posición país con gremios y expertos; e (iii) insertar la discusión arancelaria en una agenda más amplia de modernización del acuerdo bilateral, cooperación en cadenas de valor estratégicas y certidumbre regulatoria para la inversión. En esa transición, la mejor estrategia de empresas, gremios y consultoras especializadas no es prometer reembolsos seguros ni minimizar el impacto de los nuevos aranceles, sino mantener una vigilancia jurídica activa, reforzar análisis de documentación aduanera y contratos, y contribuir con evidencia sólida a la negociación que, esperemos, tendrá lugar entre ambos países. Todo lo anterior, esta vez sí, sin olvidar las exportaciones e inserción de las PYMES en el comercio internacional con el país del norte.
por Daniela Veas Jaime
Abogada
